La primera y más decisoria de las batallas que perdió la lucha armada en Colombia hace casi tres décadas (desde el gobierno nefasto de Belisario Betancur 1982/86), fue la de la penetración ideológica de las nuevas generaciones, el distanciamiento forzado de las bases sociales que cada vez están más acosadas y desprotegidas y la desligitimación política de su causa. La mayoría, si no la totalidad de los policías, soldados y paramilitares (todos provenientes del sótano social) involucrados en la confrontación a favor del ala oficialista, está conformada por individuos menores de 30 años que desde su nacimiento han sido enajenados con una intensa campaña propagandista según la cual todo aquel que se oponga o critique las tropelías de la clase dominante es un narcoterrorista al que hay que eliminar para "devolverle la tranquilidad al estado social de bienestar y derecho". Pero, algunos años antes, en la época ya romántica cuando la Rebelión era un imperativo categórico de jóvenes, campesinos, obreros e intelectuales y la única respuesta posible a los abusos de los poderosos, los ejércitos del pueblo constituían, como expresión armada, la única esperanza de cambio o mejoramiento de las condiciones de vida de trabajadores y menesterosos, y el alzamiento en armas era una reacción universalmente apoyada por el estatus de beligerancia que confería a las acciones del combate el carácter jurídico de delito político, lo cual representaba, de alguna manera, el reconocimiento oficial del derecho constitucional al inconformismo, la rebeldía y la búsqueda de alternativas al poder hegemónico de la plutocracia. Hoy, los ideólogos de la derecha, expertos en tergiversar el sentido de las leyes y hábiles en la manipulación de la letra menuda, le han torcido el pescuezo a la filosofía sustentadora del estado de derecho para justificar el asedio, persecución y muerte de todo actor político cuya actividad disidente represente una amenaza para el establishment.
Victor Julio Suárez Rojas, más conocido en el ámbito revolucionario como Jorge Briceño Suárez o Mono Jojoy, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue abatido sobre la una de la mañana de este jueves tras un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana en una zona conocida como La Escalera, en la región de La Macarena, departamento del Meta. Nacido el 5 de febrero de 1953 en Cabrera (Cundinamarca), el Mono era uno de los hombres más importantes de las FARC, a cuyas filas se había incorporado como guerrillero raso en 1975 para ir ascendiendo hasta llegar al Secretariado General, convirtiéndose en el segundo al mando y líder de la llamada línea dura de la organización, luego de la muerte de tres de sus más importantes comandantes: Pedro Antonio Marín ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tiro Fijo’; Edgar Devia ‘Raúl Reyes’ e Iván Ríos.
En la operación conjunta de las cuatro fuerzas militares, que comenzó hace dos noches, participaron 30 aviones supertucano de la Fuerza Aérea, 26 helicópteros del Ejército y unos 400 uniformados de la Fuerza de Tarea Omega. "Una fuente militar ha confirmado que en un operativo de las cuatro fuerzas militares se dio de baja a un grupo de guerrilleros y en el día de hoy (jueves), hace unas horas, se encontró el cuerpo de alias Mono Jojoy", relató Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General encargado. Según la información suministrada por las redes sociales, también habría caído la compañera sentimental del Mono junto con Henry Castellanos "Romaña" y Carlos Antonio Lozada, miembros del Secretariado y otros 20 combatientes. Unos 600 hombres están realizando la operación rastrillo para capturar a, al menos, 15 guerrilleros que se dieron a la fuga y que podrían estar heridos.
Dice el viejo y conocido refrán que quien no conoce la historia está condenado a repetirla: Creer como parece creerlo el ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), que por la vía guerrerista se puede "pacificar" el pais; “estamos muy cerca de que se pueda encontrar una salida al conflicto armado colombiano, precisamente por estas acciones militares, la persona que queda al frente de la organización es alguien que sigue la línea política de las FARC contra la línea militar que tenía “Jojoy” , así que estamos en un momento óptimo para pensar en un final del conflicto”, es desconocer la experiencia de José Antonio Galán, Guadalupe salcedo, Carlos Pizarro Leongómez, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y todo el partido Unión Patriótica de Colombia, criticos y opositores al sistema de su época que por cometer la torpeza de claudicar ante el tirano se hicieron objeto de traición y víctimas de asesinato sistemático, selectivo y rencoroso.
Más allá de la efusividad mediática por esta nueva ordalía, puede resultar un ejercicio interesante hacernos algunas preguntas como: ¿Por qué razón, motivo o circunstancia, cada vez que un mandadero colombiano tiene que presentarse en Naciones Unidas a rendir informe a sus patrones, se produce una noticia de un "asalto exitoso" a un enemigo del "sistema democrático"?, ¿Cuántas bombas se arrojaron sobre qué área?, ¿Quién responde por el daño ambiental al área de la Macarena, declarada Santuario de Flora y Fauna?. ¿Cuánto le cuesta al fisco nacional cada una de las bombas y munición disparada?, ¿y la parafernalia: combustible, equipo, vitualla, asesores, etc.?, ¿De quién, o quienes son las tierras bombardeadas?, ¿Verdaderamente, todos los muertos son guerrilleros, o se completa la cifra con uno que otro campesino de la región (colateral damages)? La operación ocurre un día después del comunicado emitido por las FARC en el que reiteran su disposición de iniciar un diálogo con el gobierno para lograr una salida política al conflicto armado que se ha mantenido desde hace más de cuatro décadas, pese a los fuertes enfrentamientos de las últimas semanas, ¿a quiénes no les conviene tal solución? Cada vez somos menos los dolientes de los héroes clandestinos (¿cómo más se puede ser "héroe"?); pero los que quedamos sabemos que cada muerte de un luchador del pueblo sólo contribuye a acelerar la marcha hacia el abismo social en que nos precipitamos inexorablemente.
Más allá de la efusividad mediática por esta nueva ordalía, puede resultar un ejercicio interesante hacernos algunas preguntas como: ¿Por qué razón, motivo o circunstancia, cada vez que un mandadero colombiano tiene que presentarse en Naciones Unidas a rendir informe a sus patrones, se produce una noticia de un "asalto exitoso" a un enemigo del "sistema democrático"?, ¿Cuántas bombas se arrojaron sobre qué área?, ¿Quién responde por el daño ambiental al área de la Macarena, declarada Santuario de Flora y Fauna?. ¿Cuánto le cuesta al fisco nacional cada una de las bombas y munición disparada?, ¿y la parafernalia: combustible, equipo, vitualla, asesores, etc.?, ¿De quién, o quienes son las tierras bombardeadas?, ¿Verdaderamente, todos los muertos son guerrilleros, o se completa la cifra con uno que otro campesino de la región (colateral damages)? La operación ocurre un día después del comunicado emitido por las FARC en el que reiteran su disposición de iniciar un diálogo con el gobierno para lograr una salida política al conflicto armado que se ha mantenido desde hace más de cuatro décadas, pese a los fuertes enfrentamientos de las últimas semanas, ¿a quiénes no les conviene tal solución? Cada vez somos menos los dolientes de los héroes clandestinos (¿cómo más se puede ser "héroe"?); pero los que quedamos sabemos que cada muerte de un luchador del pueblo sólo contribuye a acelerar la marcha hacia el abismo social en que nos precipitamos inexorablemente.
