lunes, 5 de marzo de 2012

El Quimbo- De las decisiones estúpidas nadie nos libra, Señor.

 
Que un individuo común y corriente, como Usted o como yo, deba hacer "lo que toque" para conseguir sus medios de supervivencia, es una decisión que se puede cuestionar a la sombra de los presupuestos éticos, las normas legales o los estatutos jurídicos vigentes (aunque todos hemos tenido que aprender que conversando con un cura, comprando un político o contratando un abogado de regular calidad es posible obtener una indulgencia, negociar una legitimación o pagar una defensa que se sustente en la invocación de los "derechos inalienables" del perdón, la "igualdad" y la "libre competencia" por la propiedad privada); pero, cuando el sistema regulador de ancestrales acuerdos de convivencia entre los miembros de una sociedad y sus dirigentes es birlado por el grupo de los que detectan el poder económico, político y militar de una nación, inexorablemente sobreviene el conflicto social. Digo "inexorablemente" porque, si ese conflicto es ahogado, los efectos físicos, morales y emocionales del latrocinio se represarán asordinamente hasta convertirse en una fuerza incontenible cuyo desborde arrastrará a su paso ecosistemas naturales, estructuras sociales, instituciones, esperanzas colectivas y, sobre todo, la credibilidad popular en los paradigmas de Justicia y Ley, sin la cual se hace inviable cualquier nación.
Tal como nos lo ha enseñado la historia reciente, no oficial, de los paises iberoamericanos, el origen de los conflictos sociales ha tenido como común denominador a lo largo del siglo XX, la apropiación oligárquica de la tierra y el uso del aparato represivo del Estado para consolidar la usurpación a sangre, terror y muerte. Pero la falacia "globalizadora" de los modernos métodos economistas con que las potencias mundiales infestaron los paises tercermundistas al arribo del siglo 21 le ha puesto nueva máscara al hambre de riqueza de los politiqueros criollos, que están viendo en la venta del suelo patrio y sus recursos naturales una oportunidad para llenar sus cuentas bancarias a toda costa, sin importarles otro pasado histórico, presente social ni futuro económico que no sea el de ellos. Como quedó sugerido en el primer párrafo, uno aprende que nadie hace política con otro interés que no sea engordar su capital y fortalecer la hegemonía de su clan; finalmente, uno se resigna a tolerar los aparatos político, propagandístico y represivo implementados para consolidar sus propósitos; pero hasta la estupidez tiene sus márgenes. Lo que está aconteciendo en el departamento de Huila (Colombia) con el desarrollo de la represa hidroeléctrica del Quimbo amerita una intervención internacional de organizaciones ecologistas, de derechos humanos y, en fín, de todas aquellas personas que de alguna u otra manera se consideren comprometidas con el futuro inmediato de la agricultura, la ecología y, por supuesto, la sociedad humana, aunque con la advertencia de los riesgos que ello implica.
Para la construcción de El Quimbo se inundará una extensión de 55 kilómetros (más grande que todo Suiza) en un área de embalse de 8.250 hectáreas correspondientes a la zona de influencia de Gigante 43,91%, Agrado 37,83%, Garzón 16,76%, Tesalia 1,25%, Altamira 0,21% y Paicol 0,04%, seis municipios huilenses cuyos habitantes están siendo sistemáticamente desplazados del fértil valle agrícola, ganadero, pesquero, pródigo en flora y fauna, privilegiado en infraestructura, con una compleja red social y cultural y una rica memoria arqueológica, en el que han trabajado y modelado su existencia por varias generaciones.
Si se piensa en el afán mercantilista de implantar el TLC con los gringos, es fácil imaginar por qué el departamento de Huila, uno de los departamentos colombianos con menos tierras cultivables y mayor vocación agrícola de Colombia (arroz, cacao, algodón, sorgo, soya, yuca, maíz, arveja, plátano y frutales), está sufriendo la mayor arremetida de campañas de desertización del suelo fértil, rompimiento del tejido social, desplazamiento y desarraigo cultural que haya sufrido desde su creación en 1905. Más claro no canta un gallo: Ya en 1997, cuando solicitaron por primera vez la licencia ambiental para este proyecto, habían obtenido respuesta negativa porque algún funcionario consciente (que ya debe haber sido despedido) consideró, entre otras razones, que no se debe inundar las zonas fértiles de un departamento que padece limitaciones en tierras de esas características... Sólo tuvieron que esperar hasta el desastrozo gobierno de álvaro uribe para que, con total sigilo, sin consultar con nadie en el Huila, incluso sin tener aún la licencia ambiental, se promulgara la Resolución 321 de 2008, mediante la cual se declara la "utilidad pública" de la obra  y, por tanto, se le otorga el derecho a usar los terrenos que requiera para sus fines. En una de sus perlas, dicha resolución estipula que, de darse el caso, la empresa privada podrá expropiar a propietarios de predios necesarios para acometer su obra.
Las piruetas discursivas que intentan hacer los burócratas vendepatria para defender el proyecto desde la perspectiva del "progreso regional" pierden toda efectividad ante la experiencia aun activa de otro "gigante egoista": la represa huilense de Betania (inaugurada en 1987) que, con una superficie de 70 km cuadrados sobre la desembocadura del Río Yaguará, afluente del Río Magdalena, modificó irreversiblemente el ecosistema, la climatología, la economía y las costumbres vernáculas de los habitantes de los municipios de Campoalegre, Hobo y Yaguará
 
Como corresponde a su misión de salvaguardar los intereses colectivos, varias asociaciones regionales han emprendido su campaña de oposición a tan monstruoso engendro: Asoquimbo (Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo), el Comité Cívico por la Defensa del Occidente del Huila, el Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios, el Movimiento Cívico Puente Paso del Colegio, el Comité Regional Indígena del Huila y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila. Pero, como siempre, los vendepatria desenfundaron su artillería y, como es su costumbre, acusaron a estas organizaciones de "estar infiltradas por la subversión". No se podría esperar otra acusación de los maestros de la infiltración, el chantaje, el soborno y las chuzadas. Mauricio cárdenas, ministro de minas y energía, declara que debe primar el "bien general de los colombianos" y subestima o desprecia el perjuicio directo a los residentes porque, a su parecer, son campesinos cuyo potencial productivo es insignificante frente a los ingresos de la industria energética, y la cantidad de afectados "es manejable". Absurdo para los colombianos que nos hemos tenido que acostumbrar a ver cómo el "bien general" va a parar a los bolsillos de los banqueros y, en este caso, a las arcas de la Multinacional Emgesa-Endesa-Enel dueña del proyecto. El porvenir no es amable: el desplazamiento de la población y la destrucción de la estructura económica y social del otrora sector productivo del Huila, configurarán un nuevo mapa de su territorio cuya característica más notoria será la marginación social. No pasará mucho tiempo para que a alguno de los nuevos residentes, de esos que impajaritablemente caen a comprar los predios aledaños a precio de huevo para construir sus "chalets" con vista a la represa, se le de por inaugurar el "Festival de la desesperanza".