¿Será la noche,
nuestra dulce amiga,
arca que guarde todo lo penado?
¿Será la muerte
el único auriga
que nos lleve en su carro alegremente
a la paz que tanto hemos anhelado?
Que no es absurda aunque sea dolorosa; tiene causas, tiene modos y, sobre todo, tiene beneficiarios. Se puede pensar, como muchos, que la guerrilla no es derrotable en el campo de batalla. Lo cree un gran sector de izquierda; la derecha lo niega, por supuesto, y considera la tesis una velada apología del delito. La guerra irregular tiene su historia. Al comienzo del Frente Nacional las guerrillas liberales habían entregado todas las armas; las comunistas habían guardado algunas y los chulavitas y militares habían sido perdonados por “exceso de celo” en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero un par de años después los militares se habían dado mañas de sacar de nuevo de su cueva al tigre, envalentonados, además, por la doctrina de la Guerra Fría. Y el tigre salió. Los liberales llamados comunes del sur del Tolima, herederos de las peleas del indio Quintín Lame, y los liberales de San Vicente de Chucurí, herederos de Rafael Rangel, volvieron a las armas. Los primeros como Farc, los segundos como Eln.
Los gobiernos del Frente Nacional y los que lo prolongaron hasta la Constitución del 91 utilizaron el resurgimiento de la lucha armada para hacer y deshacer con la apelación reiterada al Estado de Sitio. Un beneficio político neto derivado de la guerra, que además les garantizaba a los militares la impunidad por medio de la justicia penal militar. Este régimen de excepción permanente se pagaba. El pueblo ponía la sangre y la plata. La sangre se secaba a punta de discursos y titulares y la plata la recibía contante y sonante la Fuerza Pública. No sólo bajo la forma de pensiones, bonificaciones, subsidios y otras muchas gabelas, sino de sueldos y otros ítems. El presupuesto militar aumentó desde entonces de manera sistemática, y el recurso de “gastos de urgencia manifiesta” se convirtió en la única demanda de los ministros de guerra en los gabinetes ministeriales. En estos términos, y mirando largo, la existencia de la guerrilla ha sido “funcional” para los militares en plata y para el establecimiento en términos de restricción a las libertades ciudadanas. Una de las evidencias de esa función es la inexistencia de un partido fuerte de oposición.
No significa lo anterior que la guerrilla exista gracias a esos intereses. La rebeldía armada tiene raíces sociales ciertas y profundas. Las demandas de la gente del común no son tramitadas por los partidos políticos y en esa orfandad se origina la rebelión. La reforma agraria no ha sido posible ni con la tierra del narcotráfico; el capital financiero es intocable. En letra grande está escrita la Constitución y en letra chiquita las garantías para los empresarios.
Todo lo anterior para decir que la paz no les es “funcional” ni a los militares —en realidad son un grupo de presión armada— ni en general a la élite del establecimiento. ¿Qué presidente se atrevería a reducir el presupuesto militar? ¿Qué gremio se opondría a un aumento del gasto de guerra? Por el contrario, para contar con su lealtad constitucional, reconocer al primer mandatario como jefe supremo de las FF.AA. y para dar garantías al inversionista, los gobiernos aumentan el presupuesto bélico. Ya vamos, sin contar con la ayuda norteamericana, en el 6% del PIB, cuando el país crecerá menos de la mitad de ese porcentaje. Uribe ahora sale, con el visto bueno del top financiero, a pedir un nuevo sacrificio para hacer un “trabajo extraordinario”, como reza la propaganda del Ejército, que no es otra cosa que una estrategia para prolongar la guerra de manera permanente. Si de verdad se quisiera terminar el conflicto, la fórmula es sencilla: que los niños bien vayan a la guerra a poner el pecho para defender sus bolsillos.
Hasta aquí el Maestro Molano; pero, para que se entienda aquello de los nuevos enriquecidos (culicagados que por arte de birlibirloque resultan comerciantes geniales y laboriosos millonarios), anexo este texto de Felipe Zuleta Lleras, publicado el mismo día, también en El Espectador.
Veo que estamos frente a un manejo extraño de las encuestas de Datexco, encuestas que en vez de registrar hechos políticos pretenden crearlos. No de otra manera se puede explicar que, por ejemplo, Pardo en el último mes y con encuestas que distan entre sí por pocos días muestre estas cifras: marzo 28, un 14% (Semana); abril 21, un 29,9% (Cambio); abril 30, un 24,15% (El Tiempo); mayo 6, un 12% (La W). Lo curioso es que en ese breve lapso a Pardo no le ha pasado nada extraordinario como para que sus cifras cambien tan radicalmente y sean tan inconsistentes. Peor que eso es que con base en esas inconsistencias los periodistas hablen del líder absoluto, del precandidato fijo, del ya casi electo. No vaya y sea que le pase lo mismo que a Juan Lozano frente a Lucho por cuenta de sus amigos periodistas. Y estas encuestas han dado para titulares en El Tiempo de primera página y para que María Isabel Rueda y Julio Sánchez lo tengan de gran triunfador. ¡Seamos serios al menos una vez en la vida! Deberían tener al menos un poco de pudor y ocultar su entusiasmo por Pardo.
Cuántas veces no hemos visto fracasar rotundamente a las encuestadoras, como para que ahora resulten infalibles.Pero lo realmente censurable e inexplicable es que los medios de comunicación como La W, Semana y El Tiempo, las reciban gratis y se atrevan a difundirlas. Ningún medio de comunicación serio en el mundo cometería esta falta contra la ética periodística. ¿Se imaginan ustedes al New York Times publicando una encuesta política regalada por una encuestadora, entre cuyos dueños hay funcionarios y ex funcionarios del gobierno?
Peor aún resulta que la empresa Datexco jamás haya hecho pública su composición accionaria y que haya tenido que hacerlo el periodista Daniel Coronell. Vean los socios y saquen sus propias conclusiones sobre lo conveniente que resulta que la encuestadora, por ejemplo, absuelva motu proprio a los empresarios Uribe Moreno como lo hicieron la semana pasada.Algunos de sus accionistas son: José Roberto Arango, 24%. Ex secretario de la Casa de Nari. Ceballos Pujana Ltda., 6%. Los accionistas de Ceballos Pujana son: el actual viceministro de Justicia, Miguel Antonio Ceballos Arévalo, 25%; su esposa Ana María Pujana Cuéllar, 25%; su hija Mariana Ceballos Pujana, de 10 años de edad, 25%, y su hijo Juan Ceballos Pujana, de 7 años de edad, 25%. ( Otros jóvenes empresarios como los Uribe Moreno).¡Cómo se contagiaron los medios de la nueva moral uribista!