Conmigo no cuenten
María Isabel Rueda, periódico El Tiempo, septiembre 06 de 2009
Entiendo perfectamente y respeto con sinceridad a quienes quieren reelegir al presidente Álvaro Uribe. Hasta a mí, que soy antirreeleccionista, me dan ganas cuando veo su casta guerrera en su compromiso con el país. De ella tuvimos amplias pruebas estos últimos 15 días cuando, contagiado ya con la gripa especial y seguramente con una fiebre elevada, viajó 7 horas a Bariloche, se enfrentó durante 5 a la jauría de los presidentes latinoamericanos y siguió derecho a Puerto Carreño (Vichada), donde amaneció estornudando en un consejo comunal (encima de un micrófono que hay que sacar definitivamente de circulación), antes de caer fulminado en la cama. Pero desde ya anuncio que no votaré nuevamente por el presidente Uribe, admirándolo como lo admiro y agradeciéndole como le agradezco por todo lo que indudablemente ha hecho por el país. Lo mío con Uribe es un reclamo sobre los que considero son realmente los dos grandes fracasos de la suma de sus dos gobiernos: su desganada lucha contra la corrupción y su impotencia para forzar la redistribución del ingreso entre los colombianos. Acabar con la corrupción fue incluso su lema de campaña. No solo no se respiran aires de sanidad política ni administrativa, sino que muchas de las actitudes del Gobierno, incluyendo los métodos para hacer aprobar el referendo, están actuando directa y públicamente como pésimos ejemplos para el inconsciente de los colombianos, ya de por sí propensos a la trampa y al dinero fácil. Yo no recuerdo en el país un ambiente más pesado que el que vivimos actualmente en el tema de la corrupción. Cada semana surge un nuevo escándalo en alguna entidad pública, nacional, departamental o municipal, sin exceptuar ninguna región del país, desde las más atrasadas, como el Chocó, hasta Bogotá, donde el nivel de cultura ciudadana haría suponer alguna veeduría eficaz. Pues no es así. No más la semana pasada le encontraron encaletados en su propia casa mil millones de pesos a nadie menos que a un senador que es (¡!) vicepresidente del Partido Conservador, en un allanamiento ordenado por la Corte, que tenía información muy fresca de que esa misma mañana una notaria, que fungía como su cuota en el gobierno, le había entregado una millonaria suma en efectivo a su esposa. No he escuchado ni un reproche del directorio conservador. Y la conducta del senador quedó anotada por la opinión pública, como si allí perteneciera, en el anecdotario de las maromas reeleccionistas del Gobierno. La primera razón por la cual no voy a reelegir a Uribe es esa. Ha mostrado carácter para todo, menos para construir ese dique que nos prometió en campaña, para que no se robaran el Estado La segunda razón es porque considero un rotundo fracaso de un gobierno mostrar un informe sobre los avances en la pobreza, como el que la semana pasada reveló Planeación. A su actual director, Esteban Piedrahíta, lo conocí cuando hacía sus primeros pinitos como analista económico de Semana. Muy joven, muy inteligente y muy capaz. Pero en su informe al país sobre el tema, y entendiendo que está recién llegado a ese potro, no dejó despejada la sensación de que muy poco se ha hecho durante estos dos gobiernos de Uribe para remediar la situación de los pobres en Colombia. Nunca supimos cuáles fueron los resultados de los índices de pobreza en los años 2006-2007, porque supuestamente quedaron atrapados en una "transición de encuesta". Pero ellos corresponden a los años en los que Colombia creció más del 7 por ciento, y el terreno estaba abonado para generar una redistribución del ingreso que no se notó. Aunque Planeación reportó un ligero descenso en la pobreza, es lo suficientemente pequeño como para indicar que los programas asistencialistas que viene aplicando este gobierno, como Familias en Acción, Bienestar Familiar, Red Juntos y el Sisbén, son un absoluto paliativo. Han servido para hacer llevadera la pobreza pero ni un centímetro para disminuirla estructuralmente. Tengo fuertes dudas de que las exenciones tributarias otorgadas bajo los dos gobiernos de Uribe, que se reinvirtieron en las empresas con la adquisición de bienes de capital, poco o nada hicieron para la generación de empleo. Y que los millonarios desembolsos del programa Agro Ingreso Seguro terminaron en manejos politiqueros que dejaron más pobreza y más desempleo en el campo.Como motivo de orgullo no se puede alegar que el coeficiente Gini, que mide en los países la desigualdad de la distribución de los ingresos y de la riqueza, se mantiene invariable. Nuestra cifra es mejor que Namibia, pero peor que Zambia, El Salvador, Perú, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. A mí me fascina que los ricos sean más ricos. Siempre y cuando quede espacio para que los pobres sean menos pobres. Lo primero ha ocurrido en estos ocho años de gobierno de Uribe, pero lo segundo no.Y esa es la otra gran razón de fondo por la cual no voy a votar para reelegir al Presidente. (negrillas del blog)¡SE ME OLVIDA! El nuevo gerente de la Federación de Cafeteros debe ser muy buena persona. Pero que no nos convenza de la mentira de que lo eligieron por unanimidad.
Por sus actos los conoceréis
Por: Felipe Zuleta Lleras, periódico El Espectador, octubre 4 de 2009
“VAMOS A COMBATIR LA CORRUPCIÓN y la politiquería”, sostenía el sr. Uribe para convencer a los colombianos de que él sería el presidente más honesto de la historia republicana. Y con ese cuentito de culebrero ha logrado su elección dos veces y con honestidad
Por eso es que no se ha tenido que comprar ni a un solo parlamentario, como no sea que, como sostiene el primo de Pablo Escobar que escribe en el diario de Planeta, la Corte Suprema esté viendo delitos en donde el sr. Uribe y sus amigos no los ven. Mejor dicho, lo que para la Justicia es delito, para el Ejecutivo es sólo un asunto de mero trámite. Por eso, arreglar a Yidis y a Teodolindo, feriar notarías, mandar capturar personas en eventos públicos, chuzar, promover asesinatos a cambio de recompensas, otorgar zonas francas sin el cumplimiento de los requisitos, desaparecer sindicalistas, comprar testigos, reunirse con criminales en la Casa de Nari, repartir dinero en los consejos comunales, nombrar rectores cercanos a los paramilitares en las universidades públicas, dejar infiltrar con paramilitarismo al DAS, repartir las concesiones de vías, quitarles los terrenos a desplazados para dárselos a los ricos, regalarles 250 mil millones de pesos a quienes financiaron las campañas con el tal Agro Ingreso Seguro son actos normales de gobierno. Y según la encuesta de RCN y Semana, al sr. Uribe nada lo toca ni lo mancha, como a la virgencita a la que tanto se encomienda y a la que le pide que le aclare sus encrucijadas del alma, porque a este ciudadano no lo conmueven ni le producen dudas o cavilaciones los delitos que se cometen en su gobierno. Es tal su cinismo disfrazado de arrobamiento cristiano, que al régimen no lo rozan las críticas, pues mientras unos pocos puntualizamos todos los delitos, no hay quien los investigue pues el absolvedor general anda ocupado en joder a los opositores. Por eso es que todos debemos apoyar a la Corte Suprema de Justicia en su decisión de readjudicarse la competencia para juzgar a los parapolíticos, pues detrás de muchas de las actuaciones del Ejecutivo están ellos. Temo por la vida de los magistrados, temo por la vida de los opositores, temo por mi propia vida, porque la sombra del narcotráfico, como hemos dicho en el pasado, se pasea en cercanías de la Casa de Nari. Notícula. Los colombianos somos indolentes ante el deterioro de las instituciones, o las muestras de las encuestas no son suficientemente amplias como para abarcar a quienes sabemos que en Colombia las cosas no van bien. (negrillas del blog)
La confianza de los ricos y las reinas
Por: Iván Cepeda Castro, periódico El Espectador, octubre 4 de 2009
A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990 asistí en Bruselas a una conferencia internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En la mesa que presidía el evento estaba el entonces embajador ante la Unión Europea Carlos Arturo Marulanda.Recuerdo su mirada de desprecio al auditorio, en el que se encontraban algunos campesinos de la hacienda Bellacruz, ubicada en el departamento del Cesar. Con la ayuda de los paramilitares, el Embajador había usurpado las tierras de los labriegos y las había anexado a su inmensa propiedad. 270 familias tuvieron que salir de allí luego de varias incursiones armadas en las que los paramilitares incendiaron sus viviendas y cultivos. Después de años de buscar justicia ante los tribunales, los desplazados de Bellacruz lograron que se profiriera una orden de arresto contra Marulanda, quien se dio a la fuga. En julio de 2001, el ex diplomático fue capturado en España, pero meses más tarde se le dejó en libertad. La historia no terminó allí. Los campesinos obtuvieron que el Gobierno se comprometiera a entregarles unos predios para su asentamiento definitivo. Cuando al fin se les otorgaron tierras en Cundinamarca, la entonces gobernadora del departamento, Leonor Serrano, alentó a los alcaldes de la zona a que se abstuvieran de recibir a los desplazados, puesto que “eran guerrilleros que acarrearían conflictos en la comunidad”. Los campesinos interpusieron una acción de tutela que revisó la Corte Constitucional. Mediante la sentencia T-227 de 1997, el alto tribunal ordenó a la gobernadora abstenerse de restringir la libre circulación de las víctimas y la obligó a hacer un curso de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo. Hoy, algunas de las familias desplazadas viven en el Tolima y se dice que sus tierras en el Cesar han sido compradas por el empresario Germán Efromovich para hacer cultivos industriales de agrocombustibles. Esa es apenas una página de la historia de la usurpación de la tierra en Colombia, cuyo correlato es la creación de toda clase de leyes, acuerdos, incentivos, subsidios y programas para garantizar la impunidad, la legalización del despojo y en especial la concentración intensiva de la riqueza. De esa historia hace parte el reciente escándalo de los subsidios a familias acaudaladas por el programa Agro Ingreso Seguro. Mientras el Gobierno regatea sobre los costos que tiene la reparación de las víctimas, no vacila en entregar los recursos públicos a sus socios, los magnates de la tierra y del mundo empresarial, para obtener su respaldo político. Luego de la férrea oposición del neoliberalismo a las ayudas públicas destinadas a los desposeídos, que contribuyó a incrementar la pobreza en el mundo, se ha operado un giro de las políticas económicas. Por una parte se entregan miserables “ayudas” con fines populistas, y al mismo tiempo, se desvía la mayor parte de los fondos consagrados a los pobres hacia los multimillonarios, con el pretexto de que ellos pueden “generar empleo”. Se trata de disfrazar una nueva versión del “darwinismo social” que pregona que la regla suprema del sistema es la supervivencia de los más aptos, o sea los ricos. Con acierto un editorial de El Espectador en días pasados afirmó que el Estado colombiano es hoy una maquinaria corporativista: la alianza de corporaciones de la mafia, la criminalidad y la más rapaz corrupción. Eso es lo que el presidente Uribe define como “confianza inversionista”. (negrillas del blog)




















