Conmigo no cuenten
María Isabel Rueda, periódico El Tiempo, septiembre 06 de 2009
¡SE ME OLVIDA! El nuevo gerente de la Federación de Cafeteros debe ser muy buena persona. Pero que no nos convenza de la mentira de que lo eligieron por unanimidad.
Por sus actos los conoceréis
Por: Felipe Zuleta Lleras, periódico El Espectador, octubre 4 de 2009
“VAMOS A COMBATIR LA CORRUPCIÓN y la politiquería”, sostenía el sr. Uribe para convencer a los colombianos de que él sería el presidente más honesto de la historia republicana. Y con ese cuentito de culebrero ha logrado su elección dos veces y con honestidad
Por eso es que no se ha tenido que comprar ni a un solo parlamentario, como no sea que, como sostiene el primo de Pablo Escobar que escribe en el diario de Planeta, la Corte Suprema esté viendo delitos en donde el sr. Uribe y sus amigos no los ven. Mejor dicho, lo que para la Justicia es delito, para el Ejecutivo es sólo un asunto de mero trámite. Por eso, arreglar a Yidis y a Teodolindo, feriar notarías, mandar capturar personas en eventos públicos, chuzar, promover asesinatos a cambio de recompensas, otorgar zonas francas sin el cumplimiento de los requisitos, desaparecer sindicalistas, comprar testigos, reunirse con criminales en la Casa de Nari, repartir dinero en los consejos comunales, nombrar rectores cercanos a los paramilitares en las universidades públicas, dejar infiltrar con paramilitarismo al DAS, repartir las concesiones de vías, quitarles los terrenos a desplazados para dárselos a los ricos, regalarles 250 mil millones de pesos a quienes financiaron las campañas con el tal Agro Ingreso Seguro son actos normales de gobierno. Y según la encuesta de RCN y Semana, al sr. Uribe nada lo toca ni lo mancha, como a la virgencita a la que tanto se encomienda y a la que le pide que le aclare sus encrucijadas del alma, porque a este ciudadano no lo conmueven ni le producen dudas o cavilaciones los delitos que se cometen en su gobierno. Es tal su cinismo disfrazado de arrobamiento cristiano, que al régimen no lo rozan las críticas, pues mientras unos pocos puntualizamos todos los delitos, no hay quien los investigue pues el absolvedor general anda ocupado en joder a los opositores. Por eso es que todos debemos apoyar a la Corte Suprema de Justicia en su decisión de readjudicarse la competencia para juzgar a los parapolíticos, pues detrás de muchas de las actuaciones del Ejecutivo están ellos. Temo por la vida de los magistrados, temo por la vida de los opositores, temo por mi propia vida, porque la sombra del narcotráfico, como hemos dicho en el pasado, se pasea en cercanías de la Casa de Nari. Notícula. Los colombianos somos indolentes ante el deterioro de las instituciones, o las muestras de las encuestas no son suficientemente amplias como para abarcar a quienes sabemos que en Colombia las cosas no van bien. (negrillas del blog)
La confianza de los ricos y las reinas
Por: Iván Cepeda Castro, periódico El Espectador, octubre 4 de 2009
A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE 1990 asistí en Bruselas a una conferencia internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En la mesa que presidía el evento estaba el entonces embajador ante la Unión Europea Carlos Arturo Marulanda.Recuerdo su mirada de desprecio al auditorio, en el que se encontraban algunos campesinos de la hacienda Bellacruz, ubicada en el departamento del Cesar. Con la ayuda de los paramilitares, el Embajador había usurpado las tierras de los labriegos y las había anexado a su inmensa propiedad. 270 familias tuvieron que salir de allí luego de varias incursiones armadas en las que los paramilitares incendiaron sus viviendas y cultivos. Después de años de buscar justicia ante los tribunales, los desplazados de Bellacruz lograron que se profiriera una orden de arresto contra Marulanda, quien se dio a la fuga. En julio de 2001, el ex diplomático fue capturado en España, pero meses más tarde se le dejó en libertad. La historia no terminó allí. Los campesinos obtuvieron que el Gobierno se comprometiera a entregarles unos predios para su asentamiento definitivo. Cuando al fin se les otorgaron tierras en Cundinamarca, la entonces gobernadora del departamento, Leonor Serrano, alentó a los alcaldes de la zona a que se abstuvieran de recibir a los desplazados, puesto que “eran guerrilleros que acarrearían conflictos en la comunidad”. Los campesinos interpusieron una acción de tutela que revisó la Corte Constitucional. Mediante la sentencia T-227 de 1997, el alto tribunal ordenó a la gobernadora abstenerse de restringir la libre circulación de las víctimas y la obligó a hacer un curso de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo. Hoy, algunas de las familias desplazadas viven en el Tolima y se dice que sus tierras en el Cesar han sido compradas por el empresario Germán Efromovich para hacer cultivos industriales de agrocombustibles. Esa es apenas una página de la historia de la usurpación de la tierra en Colombia, cuyo correlato es la creación de toda clase de leyes, acuerdos, incentivos, subsidios y programas para garantizar la impunidad, la legalización del despojo y en especial la concentración intensiva de la riqueza. De esa historia hace parte el reciente escándalo de los subsidios a familias acaudaladas por el programa Agro Ingreso Seguro. Mientras el Gobierno regatea sobre los costos que tiene la reparación de las víctimas, no vacila en entregar los recursos públicos a sus socios, los magnates de la tierra y del mundo empresarial, para obtener su respaldo político. Luego de la férrea oposición del neoliberalismo a las ayudas públicas destinadas a los desposeídos, que contribuyó a incrementar la pobreza en el mundo, se ha operado un giro de las políticas económicas. Por una parte se entregan miserables “ayudas” con fines populistas, y al mismo tiempo, se desvía la mayor parte de los fondos consagrados a los pobres hacia los multimillonarios, con el pretexto de que ellos pueden “generar empleo”. Se trata de disfrazar una nueva versión del “darwinismo social” que pregona que la regla suprema del sistema es la supervivencia de los más aptos, o sea los ricos. Con acierto un editorial de El Espectador en días pasados afirmó que el Estado colombiano es hoy una maquinaria corporativista: la alianza de corporaciones de la mafia, la criminalidad y la más rapaz corrupción. Eso es lo que el presidente Uribe define como “confianza inversionista”. (negrillas del blog)